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Aprobación de la “Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo al 2050” y creación del “Programa Nacional de Escenarios de Largo Plazo”

Mediante Resolución 280/18 (B.O 22/06/2023) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó la “Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo al 2050” (Art. 1) y creó el “Programa Nacional de Escenarios de Largo Plazo” (Art. 2).

Por el art. 3 de la Resolución, se faculta a la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación -en su carácter de Coordinación Técnica Administrativa del Gabinete Nacional de Cambio Climático- a dictar las normas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la correcta implementación de la Estrategia y del Programa.

 

La Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo al 2050 (ELP)

La ELP es una de las medidas que prevé el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (Res. 146/2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y traduce el cumplimiento de uno de los objetivos de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y de su Decreto Reglamentario N° 1030/2020, que la define como “el conjunto de acciones de mitigación y de adaptación realizadas a largo plazo para un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, conforme los términos del Acuerdo de París”.

Encuentra como fundamento los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al sancionar las Leyes 24.295 -que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- y 27.270 -que aprobó el Acuerdo de París-. Este último detalla que todas las Partes deberían esforzarse por formular y comunicar Estrategias a Largo Plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

De la ELP, que se publica en el Anexo I de la Resolución, destacamos los siguientes aspectos:

  • Debe entenderse como un instrumento de la política climática nacional.
  • Por ella, se comunica a la Comunidad Internacional que la República Argentina se compromete a: (i) Hacer esfuerzos en pos de alcanzar la neutralidad en emisiones de GEI para el año 2050; (ii) Disminuir las vulnerabilidades mediante la mejora de las capacidades institucionales y el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios, y aumentar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos; (iii) Fortalecer la resiliencia de los diferentes sectores sociales, económicos y ambientales, a través de medidas que integren y prioricen las comunidades y grupos sociales en situación de vulnerabilidad e incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional; (iv) Generar las condiciones necesarias para aumentar el conocimiento y mejorar la percepción de los argentinos frente a los impactos del cambio climático, promoviendo el cambio cultural hacia una ciudadanía responsable, participativa e involucrada que permita responder solidariamente al desafío urgente de proteger el planeta.
  • Identifica las siguientes prioridades: (i) mejorar el acceso y manejo sostenible del agua; (ii) disminuir daños al hábitat por inundaciones; (iii) disminuir afectaciones a la salud por inundaciones y olas de calor; (iv) disminuir enfermedades endémicas; (v) mejorar la infraestructura portuaria y de protección costera; (vi) mejorar la transitabilidad y la conectividad física de personas, insumos y servicios ante eventos extremos; (vii) mejorar el acceso a energía ante eventos extremos; (viii) aumentar la resiliencia de la agricultura familiar, campesina e indígena; (ix) disminuir las pérdidas en el turismo por eventos extremos; y (x) disminuir los daños en ecosistemas por incendios.
  • La ELP se estructura en torno a cuatro enfoques transversales -género y diversidad; gestión integral del riesgo; salud y transición laboral justa-, cinco líneas instrumentales -economía para la transición; fortalecimiento institucional; investigación, desarrollo e innovación; acción para el empoderamiento climático; y comunicación para la concientización y el cambio cultural- y seis líneas estratégicas -transformación del sistema energético; del sistema de transporte; del sistema alimentario y forestal; del sistema urbano y del sistema productivo, industrial y turístico; y protección y restauración de los sistemas naturales-. Cada uno de estos ejes estructurantes está a su vez atravesado por la identificación de riesgos prioritarios y necesidades para la implementación de políticas de adaptación, en línea con un abordaje multisectorial y multiescalar del riesgo.
  • Reconoce que los riesgos climáticos que enfrenta la Argentina suponen un importante esfuerzo financiero para el país durante los próximos años, por lo que una inversión de la magnitud necesaria para hacerles frente requerirá de mecanismos de financiamiento específicos e innovadores con diversas fuentes de financiamiento, incluido el Estado nacional, la banca multilateral, los fondos climáticos internacionales y el sector privado. Resalta que el nuevo financiamiento deberá obtenerse con plazos y tasas lo más beneficiosos posibles, que permitan contribuir a un desarrollo sostenible a largo plazo, y advierte que el país espera de los organismos financieros internacionales para el desarrollo que no solo otorguen préstamos, sino también que actúen movilizando recursos concesionales y no reembolsables con procesos ágiles y transparentes.

El Programa Nacional de Escenarios de Largo Plazo.

El Programa es creado a fin de diseñar y consolidar un espacio de articulación unificado que nuclee a todos los actores involucrados en la actualización de la ELP a partir de un proceso de participación ciudadana e institucional, involucrando diversos sectores productivos, económicos, sociales, gubernamentales, de investigación y ciencia, entre otros.

Ello en el marco del Capítulo VI de la Ley 27.520, que prevé la promoción de los procesos de participación entre todos los actores involucrados e interesados para acordar las mejores acciones de adaptación y mitigación al cambio climático; y de la Ley 27.566, que aprobó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

El Programa, que se publica como Anexo II de la Resolución, resalta que son sus objetivos específicos:

  • Diseñar e implementar herramientas institucionales que den lugar a un proceso de planificación estratégica participativo formalizando la implementación de este programa de trabajo enmarcado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).
  • Impulsar la acción y planificación de políticas climáticas nacionales a través de acuerdos institucionales de largo plazo con solvencia técnica y científica.
  • Construir de manera coherente, consolidada y amplia una actualización de la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050, impulsando el compromiso y adecuación de los diversos sectores y actores de la economía y del país.
  • Establecer los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada a fin de hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático.
  • Impulsar acciones de largo plazo tendientes a aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en los distintos gobiernos locales y sectores sociales, económicos y ambientales ante los efectos adversos del cambio climático.
  • Consolidar un mapeo de actores clave para el diseño de una actualización de la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050.
  • Elaborar modelos, escenarios y trayectorias viables de largo plazo con enfoque sectorial estratégico asociado a diversas temáticas entre ellas energía, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, industria y producción, transporte, economía, para alcanzar las metas definidas.
  • Impulsar un proceso de análisis técnico que permita fortalecer el enfoque de adaptación en modelos, escenarios y trayectorias de largo plazo de manera transversal.
  • Fortalecer técnicamente el análisis de sumideros para escenarios de largo plazo.
  • Generar instrumentos de diseño e implementación de los diferentes escenarios que se consoliden, incluyendo el análisis de costos y posibilidades de financiamiento para su implementación.
  • Diseñar un proceso de monitoreo, evaluación y revisión de una actualización de la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050 y de los instrumentos asociados para su cumplimiento, particularmente los ciclos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático.
  • Incentivar acuerdos políticos, sociales, sectoriales e institucionales de largo plazo en el marco del esquema de gobernanza del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
  • Profundizar los principios rectores definidos en la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050 presentada en el año 2022.
  • Promover y generar el fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores gubernamentales, sociedad civil, y sectores involucrados en el desarrollo de los escenarios de largo plazo.
  • Generar propuestas de fortalecimiento de la legislación y normativa asociadas a la acción climática de largo plazo.
  • Diseñar una estrategia de sensibilización y comunicación del proceso de elaboración de escenarios de largo plazo, para concientizar e incentivar a la población en la temática, e incentivar la participación de la sociedad civil en todo el proceso.

Finalmente, se establece que la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación deberá establecer, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, los lineamientos generales de la estructura de gobernanza, incluyendo las instancias de participación de la sociedad, que generen los espacios de articulación para la elaboración y actualización; la base metodológica y los enfoques; el esquema de financiamiento y; la estrategia de comunicación, educación y sensibilización.

 


Esta publicación no constituye una opinión legal sobre asuntos específicos. En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría legal especializada.

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