El pasado 7 y 8 de agosto se realizó el Congreso “La Responsabilidad del Estado, funcionarios y empleados públicos”, organizado por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña. El mismo contó con la participación de distinguidos profesionales del ámbito público y privado.
La apertura del Congreso estuvo a cargo del Dr. Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de CABA; el Dr. Francisco Quintana, Vicepresidente 1º de la Legislatura de CABA; el Dr. Gabriel Astarloa, Procurador General de CABA y la Dra. Maria Laura Alfonso, Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las exposiciones estuvieron agrupadas por temática en paneles de tres expositores, seguidas de un debate.
El Dr. Fernando García Pullés, socio de Estudio O’Farrell y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, participó en el panel “La omisión de respuesta de la Administración y la habilitación de instancia. Su responsabilidad”, donde expuso junto a la Jueza de Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Federal, Dra. Claudia Caputti y el El Dr. Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de CABA.
Por su parte, El Dr. Jorge Muratorio, socio de Estudio O’Farrell, expuso en el panel “La responsabilidad del Estado por imprevisión en las contrataciones administrativas”, junto con la Dra. Susana Vega, Socia del Estudio Crivelli Asesores Jurídicos y La Dra. Laura Monti, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo agilizar las gestiones de compras y contrataciones, RRHH y presupuesto del Ministerio, conforme a la norma vigente, priorizando la eficiencia y transparencia en los procedimientos, en pos de facilitar la labor de los distintos funcionarios en el cumplimiento de los programas sociales a su cargo.